El 18 de septiembre de 1998 tres jóvenes son detenidos en el barrio Comité del Pueblo, al norte de Quito, y sometidos a torturas por parte de miembros de la Policía Nacional. El caso es uno de los reportados en el informe de la Comisión de la Verdad (C90: Caso José Lema y otros, Tomo IV). El pasado 19 de junio de 2014, culminó el juicio en contra de los presuntos perpetradores y se declaró la culpabilidad de uno de ellos.

 

Las cuatro personas procesadas en este caso son Segundo Pedro Urgiles Ávila, quien fue condenado a tres años de reclusión como autor del delito de tormentos a detenidos, Luis Antonio Nuñez Congrains, quien se encuentra prófugo y por lo tanto todo juicio en su contra se encuentra suspendido, Pedro Bolívar Guevara Guerra e Iván Glenn Fernández Pallasco, quienes fueron absueltos por no encontrar evidencias suficientes de su participación en los hechos.

 

La sanción a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos son el primer paso a la obtención de justicia y reparación para quienes fueron víctimas de estos actos. Aún quedan pendientes los procesos para otros implicados, ya que delitos contra la humanidad como la detención arbitraria y la tortura, no son cometidos por una sola persona, sino que requiere de la aquiescencia de sus compañeros y superiores. La Fiscalía está en potestad de apelar solicitando se revise la absolución de los dos acusados.

 

El abogado del caso, el Dr. Juan Pablo Albán, manifestó durante la rueda de prensa, que se conversó con Fiscalía para que ésta apele la absolución de dos de los procesados y se ejecuten las acciones para la captura y juzgamiento del último de ellos. De igual manera destacó que para la absolución existió el voto salvado de una jueza, quien consideró que si existían elementos suficientes para determinar la existencia del delito y culpabilizar a uno de ellos, también los había para responsabilizar, aunque sea en niveles distintos al resto de los procesados.

 

De igual manera quedan pendientes los procesos de reparación hacia las víctimas, que atraviesan por compensación económica a cargo del acusado y que será regulada en la sentencia por escrito, medidas de satisfacción moral, como las disculpas públicas; eliminación de antecedentes penales, y garantías de no repetición, es decir acciones tendientes a que casos como este no vuelvan a ocurrir, entre otras medidas sugeridas en la ley de víctimas aprobada por la Asamblea Nacional.

 

La sentencia de este caso es un antecedente favorable para que casos similares no vuelvan a ocurrir, pues determina la no prescripción del delito de tortura y la obtención de justicia en el ámbito doméstico, es decir, sin recurrir a instancias internacionales.

 

Edwin Pungil y José Luis Lema agradecieron a sus familias y a las distintas organizaciones de derechos humanos que acompañaron su caso y a las autoridades judiciales que se apersonaron del mismo. Lema manifestó: “volvemos a tener la dignidad que nos quitaron, a los 16 años vuelvo a creer que en mi país hay justicia, estoy satisfecho de haber abierto una puerta”

 

Por su parte Edwin Pungil afirmó que “las secuelas de lo ocurrido continúan hasta ahora, la gente no por qué me detuvieron, hay gente que les gusta oír y juzgar de cosas que no saben, me tienen por ladrón o por asesino, y ahora saben que no es así. Somos uno de los tantos casos que hay”.

 

Clara Merino en representación del Comité de Víctimas y Familiares de Víctimas del Informe de la Comisión de la Verdad habló de un proceso de largo aliento, que si bien la comisión se creo en el gobierno de Rafael Correa, esta es una lucha de décadas atrás mientras estaban sucediendo estas violaciones. También consideraron que este caso es el primer precedente para la no repetición en un país donde la impunidad es la regla antes que la excepción.

 

De parte de la CEDHU se espera que, al igual que este caso, el resto de los registrados sean judicializados oportunamente, se determine las responsabilidades y las sanciones del caso que permitan a la sociedad ecuatoriana caminar hacia un destino de justicia y reconciliación.

 

*ESTE BOLETÍN FUE EMITIDO POR LA COMISIÓN ECUMÉNICA DE DERECHOS HUMANOS, Y REPRODUCIDO EN ESTA PÁGINA. CEDHU.  Calle Carlos Ibarra 176 y Av. 10 de Agosto, Ed. Yuraj Pirca, 9° piso. Telf. +593 (02) 2570619 / 2580825 Quito - Ecuador

​Boletín No. 002